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Jeanine Áñez condenada a 10 años por el acceso en Bolivia contra Evo Morales

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada anoche a 10 años de prisión al fin del primero de los juicios que deberá afrontar por el golpe que derrocó a Evo Morales en noviembre de 2019.

La ex mandataria fue juzgada sin contar con inmunidad en el llamado “caso golpe de Estado 2” por los delitos de “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes” cuando asumió la presidencia sin contar con facultades constitucionales para hacerlo tras la intimación de las Fuerzas Armadas de Bolivia a Evo Morales para que renunciara.

Antes de escuchar la condena y al pronunciar las últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un "simulacro de juicio", y no mostró arrepentimiento al asegurar que actuaría "de la misma manera" si se repitieran las circunstancias en las que tomó el poder.

También pretendió impugnar al junta que la juzgó asegurando que "el poder político le exigía un juicio exprés para comprometerse una sentencia exprés".

Lo que en Bolivia y en casi todo el planeta se consideró un golpe de Estado, que además fue violento y con muchos muertos, para Áñez, que quedó sepidemia y sin respaldos, se trató de una farsa judicial.

La expresidenta de facto, de 54 años, escuchó la condena desde la cárcel de Miraflores donde permanece detenida con prisión preventiva desde hace un año.

Hasta allí se trasladaron para oír su descargo final los miembros del junta Primero de Sentencia  Anticorrupción de La Paz que la condenó por unanimidad ya que por protocolo anticovid no se permitió su presencia en la sala y debió seguir las audiencias por vía virtual.

La pena aplicada fue menor a los 15 años de prisión que había expedición las cuatro partes acusadoras: la fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la procuraduría y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez.

Luego, el junta se trasladó al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta, quienes también escucharon las condenas impuestas.

La patrocinio de Áñez argumentó que juró para asumir la presidencia del Estado cuando era segunda vicepresidenta del Senado pero además de Evo Morales había renunciado a la presidenta del Senado que estaba en la línea de sucesión y debía citarse a una Asamblea Legislativa.

Según esa línea argumental, no debió juzgarla un junta ordinario sino mediante un juicio de responsabilidades en el Congreso. Sin embargo, los denunciantes y la Justicia estimaron que se trató de un golpe de Estado y se la juzgaba por acciones previas a la gestión.

"En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadorísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para comprometerse una sentencia exprés", dijo Áñez.

El juicio es el primero de los que deberá afrontar ya que tiene otros por las matanzas de civiles.

En sus palabras finales, Añez insistió en que en 2019 hubo "vacío de poder" y que Evo dimitió en medio de una epidemia de protestas por las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales, que fueron validadas por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El junta no aceptó la documentación en ese sentido presentada por la patrocinio de Áñez, que también incluía un comunicado del junta Constitucional que avaló su asunción al frente de un “gobierno transitorio”.

"Bolivia sabe que esos delitos no los he encomienda. Bolivia sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió el 2019. Aquel que cometió incumplimiento a la Constitución, irrespetando hasta un referendo, está feliz y libre haciendo política. Para él hay impunidad”, dijo refiriéndose a Evo pero sin nombrarlo.

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Antes de la sentencia, un grupo de cerca de 23 expresidentes de América Latina y España calificó de "arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional" el juicio, y opinó que la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea lo deberían repudiar.

La denominada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que nuclea dirigentes de las derechas, defendió a Áñez  aduciendo que " la expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas".

Entre otros lo suscribieron el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge "Tuto" Quiroga.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el "caso Golpe de Estado I", por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

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