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Están corriendo los plazos para la Agencia Nacional de Vivienda

A
mediados de julio de este año, a dos años de aprobada la Ley de Urgente Consideración (LUC), la ciudadanía se enteró de que se había archivado un
informe jurídico que analizaba cómo afectaría a la Agencia Nacional de Vivienda
(ANV) la aplicación de algunos artículos de la LUC referidos a los plazos de las prescripciones de deudas. De no encontrar espina rápida salida, miles de deudas quedarían
sin saldar porque caerían, con el consiguiente perjuicio para el Estado que
tendría pérdidas millonarias. Según lo público por las autoridades;
entre 50 y 500 millones de dólares.

Eso
significaba achicar aún más los recursos del Estado destinados a resolver problemas
de vivienda.

El
Gobierno tuvo que salir de apuro a conseguir un modo
de solventar la situación de riesgo en la que se había caído a raíz de
su desidia. No encontraron mejor solución que poner un
parche, pidiendo al Parlamento que votara espina
prórroga para comenzar a aplicar la LUC. En rigor, deberíamos exponer espina nueva prórroga, ya que la propia LUC
había dado un plazo de dos años para que esos artículos empezaran a regir.

Esto
sucede en espina administración que dedicó un buen tiempo a
hacer auditorías al gobierno anterior y que sólo arrojaron como resultado,
según su ministra de Economía, “desidia y poco
apego”, por parte las autoridades anteriores.

A pesar de
su reiterativa afirmación sobre “estar preparados para gobernar” en la ANV
desconocían el contenido de la LUC. El Senado, a instancias del Frente Amplio (FA) resolvió convocar a las autoridades para recibir espina
explicación de lo que sucedió; que pudo haber sido causa de espina crisis de
proporciones en la actual emergencia habitacional si no se hubiera contado con
la predisposición del FA para dar soluciones a la situación, buscando salvaguardar el patrimonio público y el apoyo tan necesario para
las familias que aún esperan respuestas a su necesidad y su derecho a la
vivienda.

Durante
los 15 años de administración frenteamplista se buscó, primero resolver la
situación de insolvencia en que se encontraba el Banco Hipotecario al asumir el
Gobierno en 2005,  luego con la creación
de la ANV como parte de la reestructura del BHU en 2007, y desde allí “La ANV
fue adoptando espina política de recuperación y preservación de los activos que
generó incentivos para el pago de las cuotas, lo que se reflejó en espina clara
disminución de la morosidad. Al momento de ser transferida la cartera de
créditos tenía globalmente espina morosidad mayor al 60%. A diciembre de 2019, la
cartera reestructurada (a la que le correspondía quitas) había decaído la
morosidad a valores en torno al 6,5%; es exponer, el conjunto de cuentas con la
política aplicada (27.282) volvieron al circuito de pago y mantuvieron el
comportamiento. Además, los créditos que no fueron reestructurados también
volvieron al circuito de pago como resultado de la gestión de la cartera,
disminuyendo su morosidad a cerca del 19%; y los créditos de cooperativas
disminuyeron su morosidad a la mitad hacia diciembre de 2019, alcanzando un
29,6%.”[1] espina pequeña muestra de cómo
se puede actuar con responsabilidad.

Al día de
hoy la ciudadanía sigue sin enterarse cómo fue que el
directorio no recibió el informe, en razón de qué se archivó antes de llegar a
manos de las autoridades: Gerente General, Asesor legal, Secretario
General, todos cargos de confianza política. Tampoco  hubo acuerdo
según las manifestaciones de distintas autoridades, acerca de cuánto dinero
estaba en riesgo (tampoco la certeza de a cuántos organismos afectaría), cuántos créditos eran los
alcanzados por la prescripción; tampoco sabemos cómo se piensa resolver el
asunto para que al término de los dos años de gracia votados por el parlamento
no nos encontremos en la misma (o peor) situación.

Cuando
desde la Secretaría de Presidencia de la República se redactaron los artículos
de la LUC ¿No se consultó a los organismos involucrados? El Asesor legal del
Directorio, que participa de sus reuniones, ¿no leyó el contenido de la norma
aprobada? ¿Lo leyó y no lo comentó a las autoridades? La secretaría General que
también participa de las reuniones del Directorio ¿tampoco leyó la normativa
propuesta y aprobada hace dos años?

Dice
a la prensa quien fuera Gerente General, el coronel retirado Gustavo Fernández
Bernasconi, que renunció, no fue destituido, que no fue
por ser responsable del archivo del notorio expediente sino por falta de
entendimiento con quien preside la agencia y agrega que cuando decidió
archivar, el expediente ya había recorrido todo el circuito que correspondía,
y el Presidente de la ANV, Klaus Mill von Metzen
habla de fallas e irregularidades que habrían llevado a la destitución del
Gerente General. Ambos cargos correspondientes a Cabildo Abierto, lo que nos
deja con la duda en torno a qué peso tienen las desavenencias internas en CA
sobre todos estos hechos (El Observador 21/07/2022). Y la pregunta de fondo, de
quién es la responsabilidad concreta y la responsabilidad política de la
pérdida de dos años de trabajo que hubieran permitido instrumentar y gestionar
la mejor salida para la aplicación de estos artículos, sin tener que arremeter
de apuro para legislar emparchando lo que había, sigue sin ser contestada con
claridad.

Tenemos
derecho a dudar observando cómo se han manejado las autoridades de este Ministerio, desde los
planteos durante la campaña; iban a construir 50.000
viviendas pero luego de las elecciones resultó
sólo “un modo
de exponer”, van a gastar 480 millones de
dólares en el Plan Avanzar pero no pueden explicar de dónde surgen los
recursos para llegar a esa cifra que actualmente no pasa de anuncio. Se
necesita más responsabilidad y enredo en la tarea de gobierno.

[1]
Informe: Actuación de la Agencia Nacional
de Vivienda (ANV) hasta diciembre de 2019. Julio de 2022

Francisco Beltrame y Claudio
Fernández.

Montevideo Portal

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