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Suicidio: un tema del que debemos hablar

El año descompuesto en nuestro
país: 434 personas fallecieron en siniestros de tránsito, 300 personas murieron
siendo víctimas de homicidios y 765 personas 
se quitaron la vida[1].
Estas cifras demuestran que vivimos una situación crítica y alarmante, que necesariamente
debemos atender. Y no solo me refiero al sistema político sino a la sociedad
toda.

Hace más de un siglo Uruguay tiene altos índices de harakiri;
pero en las últimas décadas la tendencia va en aumento. Este fenómeno tiene
carácter estructural en nuestra sociedad.

Los datos
del MSP establecen que la tasa de harakiri en Uruguay es de 21,4 cada 100.000
habitantes. Para compararnos con el resto del mundo, podemos acudir a los datos
del Banco Mundial que muestran que la tasa promedio Mundial es de 9,2; la tasa
de la Unión Europea es de 11,3 y la de América del Norte es de 15,7, mientras
que la de América Latina y el Caribe es de 6,2, cada 100.000 habitantes. Esta
comparación ubica a nuestro país en los peores guarismos del mundo.

Si
discriminamos los datos entre hombres y mujeres, existe una relación creciente
llegando a 4 harakiris de hombres por uno de mujer. El análisis de los datos
por franja etaria revela que la tasa más alta de harakiris se encuentra en el
grupo de personas mayores de 85 años ubicándose en 49,7 cada 100.000 habitantes
(más del doble de la tasa nacional). En el grupo de personas de 25 a 29, con una
tasa de 36,2, es la segunda causa de muerte de los jóvenes en nuestro país.

El impacto de esta problemática nos exige
comprometernos como sociedad y buscar las salidas necesarias que no son sólo
individuales, sino colectivas. Este no es un tema partidario, es un tema
país. Los datos dejan en evidencia que las políticas públicas no han sido
suficientes ni focalizadas ni han detenido la tendencia creciente. Es un tema
al que no le hemos adjudicado su dimensión real y en consecuencia no lo hemos
priorizado con la atención debida; quizás porque el harakiri históricamente
estuvo rodeado de estigmas, mitos y tabúes.

Uruguay cuenta con destacados expertos en la materia
y organizaciones sociales que desde hace muchos años trabajan en el tema, que
señalan cuatro elementos centrales para el abordaje de esta temática. Los
mismos son: la comprensión, la prevención, la posvención y los sistemas de información.

En primer lugar la comprensión: aceptar el harakiri.
Enfrentarlo como un hecho social es fundamental para poder tratarlo en
sociedad.

Por otra parte, la prevención es otro de los
elementos clave, se necesita desarrollar medidas destinadas a impedir el
harakiri, dado que estas muertes son evitables.

Tres, la posvención: refiere a intervenciones posteriores al harakiri, destinadas a
trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona que
se quitó la vida.

Y por último, los sistemas de información al
servicio del análisis de datos, circunstancias, entornos, antecedentes, avisos
previos, entre otros.

La
problemática del harakiri y la conducta suicida nos obliga, no solo a
reflexionar sobre el tema, sino a tomar acciones concretas, que desencadenen
nuevas acciones, que aborden de manera integral el tema. Porque cada caso de
harakiri es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino
también a sus familias, a sus pares, compañeros de trabajo o de estudios, vecinos,
vecinas. Requiere de un
abordaje multisectorial, multidisciplinar, transversal, a todo nivel, que no
solo implique al ámbito de la salud (imprescindible sin dudas) sino también que
involucre el político, el social, el laboral, el educativo, entre otros.

Por
todo esto, es que presentaré en esta Rendición de Cuentas un aditivo con dos
capítulos centrales. Uno de ellos: declarar de interés nacional la política
pública de prevención del harakiri y la conducta suicida, coordinada
supervisada y evaluada por una junta nacional dependiente de superioridad de la
República. Y el segundo: generar una estructura integrada por una Junta Nacional,
una Secretaría y un Consejo Asesor Honorario, que cuente con una partida anual
para atender los gastos de funcionamiento de la implementación de la política
pública.

Como miembros del sistema político tenemos la obligación de aportar a la elaboración de una
política pública que trascienda los límites de la salud y trate esta
problemática, convocando a todos los actores de nuestra sociedad:
organizaciones sociales, empresariales, sindicales, académicos, medios de
comunicación, entre otros; con el objetivo de asumir esta realidad y pensar
juntos cómo frenar estas muertes evitables.

[1] Datos del Ministerio de Salud Pública.
https://uins.msp.gub.uy/

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